La Hemeroteca del Buitre

Cuando la mitad de los ciudadanos españoles consideran que en la vida pública existe «mucha o bastante corrupción» y un tercio de los consultados estima que esa corrupción es hoy mayor que hace 20 años (sondeo publicado el pasado domingo por EL PAÍS), merece la pena preguntarse acerca de los comportamientos que generan semejante opinión. Entre otras cosas, porque sin duda alguna la corrupción durante el franquismo fue muy superior a la que existe en la democracia, pero no podía trascender a la opinión pública, no se informaba sobre ella, no actuaban los tribunales, no investigaba el Parlamento y, en definitiva, se beneficiaba del silencio y de la complicidad de los gobernantes.Pero, de todas maneras, una cosa es cierta: la distancia de la prédica de los políticos respecto a muchas de sus actitudes y la aplicación de baremos diferentes por parte del poder según sea quien comete las pifias. Por ello, cada vez es mayor el escepticismo de la sociedad ante los mensajes de los líderes. Pero también se agudiza la tendencia de éstos a prescindir de la opinión pública, reforzándose sus reflejos elitistas. Ilustrado o no, hay un creciente despotismo de los comportamientos. El caso de Pilar Miró -una directora general que paga su vestuario con cargo al presupuesto del ente- y las reacciones que ha suscitado son paradigmáticos de cuanto decimos. Probablemente se trate de una de las más pequeñas de las muchas corrupciones que Televisión Españolas protagoniza, en el presente y en el pasado, pero también resulta una de las más llamativas. La importancia del tema no está tanto en el núcleo del mismo como en sus derivaciones políticas: interpelaciones parlamentarias, desplantes de la directora general, recriminaciones de su partido, ilustran una situación de fondo mucho más preocupante: la consideración permanente de la televisión estatal como una finca particular. Esto es de ahora, y es de antes, y lo que pone de relieve es que el cambio tampoco ha llegado a Televisión, que las corruptelas, humillaciones, obediencias y desaguisados que existían siguen existiendo, son estructurales y no se puede tener fe en que vayan a corregirse pronto.

En todo esto hay además muchas ingenuidades que no hablan para nada bien de quienes las cometen. La primera es la congelación salarial que a importantes cargos de la Administración del Estado -que manejan miles de millones de pesetas- impuso el Gobierno de Felipe González. Eso ha motivado la fuga de muchos de esos altos cargos, que el Estado necesitaba para su mejor funcionamiento, a la empresa privada; otros han sido compensados mediante vías indirectas o con promesas políticas, y algunos, como Pilar Miró, han decidido asignarse unos gastos de representación no prohibidos en su presupuesto, pero no previstos.

La derecha política, que apenas se interesa por el origen y la contabilidad del dinero que dio origen y financiación a los GAL, abre ahora la caja de los truenos por los frufrús de Pilar, como antes lo hizo por la destitución de un mal locutor de media tarde, cosas que están dando casi más que hablar que los cientos de miles de millones que ha costado la reconversión bancaria. Y la directora general ha entrado al trapo con muy poco savoir faire. No es nada probable que la opinión entre sus subordinados acerca de la autoridad que pueda ejercer ahora en la casa mejore con todo este asunto. Su apelación a la inexistencia de una normativa que «excluya la posibilidad de abonar ese tipo de gastos» es simplemente pueril. ¿Cómo va a imponer un rigor administrativo y contable en una casa tan complicada como la que dirige si ella misma se permite estas actitudes? Pilar Miró no tenía derecho a hacer lo que ha hecho y lo demás son pamplinas.

En cuanto al silencio del Gobierno, merece una sola reflexión: la existencia en la clase dirigente de una moral de doble entrada, según la cual los actos se considerarán legítimos o no en función, antes que de su contenido mismo, de quién sea la persona que los realiza. En abril de 1980, destacados dirigentes del partido socialista -encabezados por Felipe González- presentaron una querella criminal por apropiación indebida y malversación de fondos contra el entonces director general de RTVE, a cuenta de irregularidades de gestión detectadas por la Intervención del Estado. Aquélla era una operación política, como lo es ésta. El juicio nunca se vio, el caso fue sobreseído, pero la honorabilidad de Fernando Arias Salgado sufrió un daño irreversible. Los socialistas están siendo pagados con la misma moneda que utilizaron y que se resume a las claras en el aumento de demagogia en nuestra vida pública. Porque la cuestión no está ahora en que Pilar Miró devuelva el dinero, los trajes o el rosario de su madre, sino, muy fundamentalmente, en cambiar un estatuto de la televisión pública que favorece las manías, las arbitrariedades, las corrupciones y los desplantes del poder. Y también las tonterías de los diputados.

El editorial del día 20 de octubre titulado Los frufrús de Pilar confirma una tradición ininterrumpida desde los primeros albores de la transición democrática en España: con razón o sin ella, el destino manifiesto de todo director general de RTVE es ser sacrificado en la plaza pública en una ceremonia cuya espectacularidad mayor o menor depende de la coyuntura política y de los participantes de la ejecución.Mi caso tuvo una repercusión especial por la intervención personal de Felipe González, Alfonso Guerra, Gregorio Peces-Barba y de Federico de Carvajal en el procedimiento administrativo. La ofensiva política en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación contra mi gestión en 1980 fue completada con una querella criminal ante el Tribunal Supremo. Por razones que todavía ignoro, la dirección del PSOE tomó una medida que transformaba cualitativamente un debate político sobre la gestión de un director general en una cuestión judicial que incidía directamente sobre la honorabilidad personal de un cargo público y defacto significaba la utilización de los tribunales de justicia como instrumento para obtener un objetivo político.

Dice el editorialista con acierto que «esa querella fue política», que «el juicio nunca se vio», que «el caso fue sobreseído», pero que mi honorabilidad «sufrió un daño irreversible». Para completar esas apreciaciones, me permito añadir dos hechos que pueden ayudar a los lectores a valorar las consecuencias que ha tenido esa operación política.

Así, los querellantes, con el señor González a la cabeza, mantuvieron viva esa querella durante siete años, es decir, dos años desde la oposición y cinco desde el Gobierno, concretamente hasta el 22 de julio de 1987 en que la Audiencia Provincial de Madrid, en auto de fecha 22 de julio de 1987, decidió el sobreseimiento del caso, basándose en que «de ninguno de los informes periciales, por demás prolijos y meticulosos, practicados en la causa se desprenden indicios racionales -ninguno de ellosque dieran motivo, por virtud de las respectivas querellas, a la formación de la presente causa». Y añade la Sala que, si bien es cierto que del dictamen pericial correspondiente se desprende la existencia de «ciertas deficiencias e irregularidades desde la perspectiva contable, no es menos cierto que en parte alguna de su denso y detallado informe técnico aparecen indicios de que algunos de los querellados se haya apropiado o haya distraído o malversado propia o impropiamente cantidad alguna, lo que, por otra parte, no aparece asimismo en ninguna otra de las diligencias probatorias practicadas».

Por tanto, señor director, aunque con cierta dilación, la justicia sí ha reparado en su ámbito el daño sufrido por mi honorabilidad. La irreversibilidad del daño tiene más bien un ámbito social y su reparación depende del grado de difusión en los medios de comunicación de ésta o de otras decisiones, judiciales similares. EL PAÍS se: hizo eco destacadainente en su día de este auto y su publicación tuvo un efecto positivo y reparador que agradecí sinceramente.

En cambio, el silencio de los, querefiantes fue clamoroso, quizá porque frente a la rotunda desestimación de la justicia de las acusaciones contra mí y mis colabora.dores se prefirió hacer bueno ese dicho popular, desgraciadamente tan arraigado en nuestra sociedad: «Calumnia, que algo queda…».

No era ésta, en verdad, la actitud que hubiera podido esperarse de unas personas que hoy ostentan los cargos de presidente y vicepresidente del Gobierno español.-

SE DA por seguro que Pilar Miró será destituida como directora general de RTVE en el próximo Consejo de Ministros, el día 13. Pero es la tercera o cuarta vez que el cese se da por inminente. En cualquier caso, Pilar Miró sigue al día de hoy, pese a los desplantes de la oposición, la sorda indignación de la opinión pública y la desautorización expresa por parte de ministros y dirigentes del PSOE, al frente de la radiotelevísión pública. El escándalo que se organizó por la adquisición de vestuario con fondos públicos fue considerable. Pero el que supone que el Gobierno se empecine en mantenerla en su puesto tres meses después de su estallido lo supera ampliamente.Lo que hizo Pilar Miró fue algo más que un error, sin que quepa diluir su responsabilidad con el argumento de que su comportamiento individual es un simple reflejo de los hábitos imperantes en la sociedad española o en sus clases dirigentes. En primer lugar, no es cierto que todo el mundo haga lo mismo. Si todos los cargos públicos, cada uno a su nivel -concejales, alcaldes, asesores de consejeros autonómicos, embajadores o ministros-, hicieran lo mismo, hace tiempo que el Estado se habría declarado en quiebra.

La única actitud razonable por parte de Pilar Miró habría sido la de marcharse inmediatamente. Es lo que se espera de alguien que reconoce haber cometido irregularidades como las puestas de manifiesto por la Intervención General. Su inicial pretensión de desplazar la responsabilidad del cese hacia quien la nombró resulta injustificada, sobre todo teniendo en cuenta que son notorias las relaciones de amistad que unen a Pilar Miró con el presidente del Gobierno. Pero no menos injustificada resulta la lógica de Felipe González, que se niega a aceptar dimisiones o a destituir a cargos públicos, precisamente porque así lo solicita la oposición o la opinión pública.

El argumento de la dificultad de hallar un sustituto idóneo resulta igualmente insostenible. Es seguro que si la directora general hubiera dimitido por motivos de fuerza mayor, sin mediar escándalo alguno, la vacante habría sido cubierta de inmediato. Al aplicar el criterio de enfriar el asunto para evitar producir sensación de debilidad, González ha conseguido el efecto opuesto: la situación no puede resultar más ridícula, y el bochorno aumenta cada día. Al optar por la pasividad, el presidente ha renunciado a adoptar una actitud ejemplificadora en el ámbito de los comportamientos y ha abonado el terreno para que quienes sólo se sienten fuertes frente a los débiles se ensañen a su gusto con un árbol caído y artificialmente sostenido en pie. Pero sobre todo ha renunciado a hacer de la crisis el punto de apoyo para, una reforma a fondo del estatuto de RTVE, cuya redacción actual favorece el imperio del arbitrismo y constituye un caldo óptimo para que germine la corrupción. No en vano ha sido la propia directora general quien ha admitido que la televisión «sólo interesa a los políticos en cuanto instrumento de sus objetivos partidistas».

Querida Pilar: Hace unos días tomaba yo a broma en esta misma columna a la que vivo atado el asunto de tu vestuario. Pero veo ahora que tu partido lo está tomando en serio, y eso, además de injusto me parece una ordinariez. El PSOE se rasga las vestiduras, pero sólo las tuyas, y con tanto entusiasmo te está dejando en cueros, que ya podrías decirles que se queden ellos a culo pasajero, como ese señor nudista que don Narcís Serra saluda tan cordialmente en las playas de Mallorca.

¡Que se desnuden ellos! como me dijo un día don Miguel de Unamuno, que siempre llevaba un jersey azul hasta el cuello. Ahora va a resultar que la única corrupción del poder está metida en tu guardarropa y que los únicos trapos sucios del Gobierno y del partido son tus trapos nuevos, y se vienen todos contra ti a quitarte los trajes a jirones en la plaza pública. Está bien ya sabemos que a quien de prestado se viste, en la calle le desnudan, pero como desnuden a todo el que se está vistiendo del préstamo del Presupuesto íbamos a contemplar a más de un cargo más o menos alto con las vergüenzas al aire y con el bolo colgando.

Peor fue lo del Mystere del Guerra y el tío se fue al Congreso con más cara que un saco de chocolatinas y dijo algo así como que los que habrían querido algunos es que pasara el río a nado. Tus compañeros socialistas en aquella ocasión, mi querida Pilar, cambiaron de conversación entre risas. Y hasta me parece que Txiki Benegas o alguien de su entorno, se apresuró a inventar que el señor vicepresidente tenía que llegar a una reunión de Estado en la Moncloa, cuando el señor vicepresidente adonde iba era a la Maestranza a ver los otros, que toreaba esa tarde Curro Romero, que siempre la arma y que boda sin la tía Juana.

Lo que tendrás que haber hecho tú es decir en el Parlamento a los mismísimos padres de la patria que oyeron al Guerra decir lo que dijo que lo que querían era que te fueras al Congreso o al Consejo de Administración del Ente en el vestido de nuestra madre Eva, con la hoja de parra, o sea, con el pámpano en semejante sitio o por una delicadeza ideológica y floral, con una rosa colocada en el viento sur de lo que Fray Luis de León llamó ‘taza de luna’, es decir, el ombligo. Estos tíos de tu partido, querida Pilar, son peores que los infantes de Carrión, y quieren dejarte como a doña Elvira y doña Sol, las dos hijas del Cid, en el robledal de Corpes, atarte al Pirulí y abandonarte, después de ponerte como a un eccehomo. Yo que tú, me hubiese presentado en la Comisión del Cognreso o en la sesión del Consejo del Ente en el caballo de Lady Godiva a ver si se avergonzaban tus jueces ante tu desnudez. Al fin y al cabo el presidente de aquella casa, templo de las leyes, le hace pagar al Estado por el alquiler de su chalé más de lo que tú cobras al mes por pastorear el rebaño de Televisión y eso, descontados los impuestos, debe de dar para unos dodotis de encaje y para una minifalda, que noe s vestimenta para presentarse en las fiestas oficiales y en las recepciones de la Corte.

Tengo para mí que entre esos que tanto se escandalizan con tus trapos los hay que se han cubierto el riñón con tisú de oro y se curan de la viga en su ojo señalando la paja en el tuyo. Quien esté libre de pecado que se quede con el bullarengue a la interperie, o sea, con el culo al aire. Y quien no esté libre de pecado, que disimule, que tampoco tu guardarropa será el de La Begún. Total, cuatro trapitos para que no desmerezca el cargo. Mira, hija, ya que se trata de trapos y de vestidos, hazles un corte de mangas, pero de mangas ‘ranglán’ y quien quiera desnudos, que se compre el PLAYBOY, que algún ejemplar se ve por esos escaños.

Jaime Campmany

SÓLO UN masoquista incorregible o un servidor incondicional del partido en el Gobierno podían ser capaces de aceptar la sucesión de Pilar Miró como directora general de Radiotelevisión Española (RTVE) en las condiciones de precariedad en las que se produce el relevo (el mandato del nuevo responsable del medio concluye con la legislatura). Poco importa, en cualquier caso, determinar en qué categoría se encuadra Luis Solana, ya que en cualquiera de las dos situaciones nos encontramos ante un paradigina notable de cómo entiende el Ejecutivo las condiciones que deben poseer las personas llamadas a dirigir un medio de comunicación pública que debe garantizar «la objetividad, veracidad e imparcialidad de las info:rmaciones» y respetar «el pluralismo político, religioso y social», según se establece en el propio Estatuto de RTVE.Pilar Miró fue elegida, antes que por sus dotes de mando, inteligencia o capacidad de gestión, por su proximidad personal al presidente del Gobierno. La única explicación de que el responsable del actual caos telefónico haya sido puesto al frente del primer medio de comunicación pública es que el mismo criterio ha prevalecido sobre cualquier otro. Está claro que esta decisión ha debido causar una honda sorpresa en los millones de usuarios, actuales o en listas de espera, del monopolio telefónico, que vienen soportando el deterioro más grave jamás habido en este servicio público. Luis Solana ha pasado así de presidir un monopolio a dirigir otro.

No hay que descartar -y el beneficio de la duda opera a su favor- que el disciplinado sustituto de Pilar Miró en Radiotelevisión Española pueda hacerlo mejor que en la Compañía Telefónica Nacional de España en lo que se refiere a la prestación de un servicio televisivo realmente plural, objetivo e imparcial, como pretende el Estatuto de Radiotelevisión. Pero hay motivos más que suficientes para desconfiar de que ello sea posible en un poderoso medio de comunicación en el que impera sobre cualquier otra consideración, al margen de la voluntad de sus trabajadores, la regla de dar satisfacción a las apetencias y a las presiones del poder político. Con ser muy significativa la persona que esté al frente de Radiotelevisión Española, mucho más importante es la necesidad de reformar el estatuto, claramente favorecedor, en su actual redacción, del arbitrismo y de la utilización por el Gobiemo de turno de la única oferta televisiva pública que llega a todos los españoles.

En sus nueve años de vigencia, el Estatuto de RTVE ha dado suficientes muestras de su inadaptación al funcionamiento del medio. El consejo de administración, cuyos miembros deben ser elegidos por las Cortes «entre personas de relevantes méritos profesionales», según se establece en el estatuto, está conformado en la práctica en función directa del juego de las mayorías y minorías parlamentarias. Así, la obediencia política a la que son llamados sus integrantes convierte de hecho el consejo en una prolongación del juego parlamentario, que en muchas ocasiones poco tiene que ver con la gestión necesaria del medio. Pero es que además este consejo -que en teoría debe representar a la sociedad, titular real del medio- se encuentra notablemente disminuido al no tener la capacidad de elegir al director general del ente, al que nombra el Gobierno libremente tras un simple trámite de audiencia, y a veces sin que sea necesario ni esto.

Se establece de esta forma un sistema imposible en el que el director general, nombrado en virtud de exclusivos criterios políticos, dispone de amplísimos poderes y responde únicamente ante quien le nombra, es decir, el Gobierno, y el consejo de administración sólo nominalmente representa a la sociedad y apenas ejerce un control testimonial sobre la gestión del medio. Sólo un director general elegido por un consejo de administración establecido con los criterios fijados en el propio estatuto -y responsable, por tanto, únicamente ante él- podría emprender la cada vez más urgente reforma de un medio cuya supervivencia está garantizada en estos momentos exclusivamente por su condición de monopolio.

El denostado nombramiento de Luis Solana como nuevo Director General de RTVE en sustitución de la desacretiada Pilar Miró es fiel reflejo del descrédito general con que el felipismo afronta la última etapa de su actual mandato legislativo. Aunque todavía pueda parecer temprano sentar conclusiones finales, hay un margen de certeza moral en que la recuperación de la ética política no será capítulo de las inquietudes de González durante su más que probable despedida de la mayoría absoluta.

En todo este tiempo casi todo ha funcionado orwellianamente con criterio de control. La política de nombramientos ha caminado uncida a esa finalidad. Habría sido ingenuo esperar que al frente del Ente público RTVE el felipismo abandonara su tradicional empeño. La subida de Luis Solana a la cima del pirulí representa la más resonante posibilidad de burla contra una opinión que fundamentalmente se nutre de lo que Torrespaña destila.

El felipismo ha tenido que reñir con sus afines políticos y sociales desde el momento en que las esencias de su ideario se han revelado infumables. La ruptura práctica con la UGT, la marginación del partido como socio de la empresa política, el aplastamiento de las minorías internas responden a algo más que a diferencias de criterio sobre los rumbos de la economía y del reparto social. Ha sido la prepotencia de un estilo la que acabó por conrroer cualquier posibilidad razonable de diálogo en la familia socialista e instituyó al felipismo como gran sucedáneo.

En la hora actual cuando se asegura el control de RTVE ante las cercanas elecciones con la promoción de un felipista en estado puro, el observador no tiene derecho a asombrarse. Ha funcionado simplemente una lógica política basada en el adiós sistemático a la ética.
Una historia muy vieja.

Lorenzo Contreras