UCD revienta: El ministro Fernández Ordoñez saca adelante la ley del divorcio y el diputado Óscar Alzaga Villaamil le exige que dimita

Con el mayor estupor he leído el extensísimo texto que incluye EL PAIS en las páginas primera y once del ejemplar de ayer en uno de cuyos titulares se dice: «Paralelismo entre un presunto documento eclesial y las enmiendas de Oscar Alzaga al proyecto de ley de Divorcio». Ante un increíble cúmulo de errores, acogiéndome al derecho, de réplica que me concede la legislación vigente, y muy en especial a tu amistad y al derecho de los lectores a recibir una información verídica, me veo en el deber de solicitarte la publicación de la presente, con el fin de aclarar los siguientes extremos:1. Mis creencias religiosas nunca han constituido obstáculo para comportarme en la vida pública con la debida independencia respeto a la jerarquía eclesiástica. Conocedor como soy de los tópicos anticlericales que se esgrimen con frecuencia y total ligereza -desde ciertos medios de difusión- sobre el «vaticanismo» de los parlamentarios que practicamos la religión católica, a raíz de iniciarse la discusión de la ley de Divorcio en la Comisión de Justicia del Congreso, que presido, tuve buen cuidado de abstenerme de mantener cualquier relación directa o indirecta con los miembros de la Conferencia Episcopal.

2. En mi condición de catedrático de la facultad de Derecho y de abogado en ejercicio, entiendo algo de normas jurídicas y creo no necesitar que ningún obispo me dicte enmienda alguna al proyecto de ley de Divorcio ni a ningún otro. En situación análoga se encuentra la totalidad de los diputados españoles, que no acostumbran a escribir al dictado. Estoy seguro de que los periodistas de EL PAIS también tendrán a gala no escribir al dictado.

3. No sé nada de ese fantasmal documento episcopal del que escribe tu periódico. He dedicado hoy algún tiempo a telefonear a parlamentarios de muy diversa significación política y resulta que tampoco ellos saben nada del mismo. De la prolija información que rectifico tampoco se deduce nada preciso sobre él. En efecto, se empieza por escribir que «miembros de un sector de la Conferencia Episcopal Española han podido enviar en las últimas semanas a destacados dirigentes de UCD un documento reservado que contiene objeciones al proyecto de ley de Divorcio en su actual redacción». Y junto a la vaguedad de la expresión «poder enviar», resulta que no hay manera de localizar a un dirigente de UCD -destacado o no que haya recibido tan desconocido documento. De otra parte, la noticia se atribuye a una «fuente centrista», es decir, está amparada en cierto anonimato. Tan sólo hay una pista cuando se indica que don Antonio Jiménez Blanco recibió el pretendido documento eclesial del obispo don Antonio Montero. Puesto al habla con el primero, he podido saber que hace más de dos años que no ve ni tiene noticia alguna del citado obispo, y que es plenamente ajeno a esta información.

4. El documento episcopal en cuestión, por tanto, ni creo que exista ni desde luego ha llegado nunca a mis manos. En cuanto al cotejo de párrafos que hacéis entre mis propuestas de modificación de este texto legal y el inexistente documento eclesial, es curioso observar que varias de «las coincidencias» consisten simplemente en propugnar, con o sin matices, algo tan simple como el retorno a las tesis del proyecto del Gobierno.

5. Todos sabemos que la Conferencia Episcopal tomó postura púbIica sobre el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso en su muy difundida declaración de 3 de febrero de 1981, y que se ha abstenido de pronunciarse sobre fórmulas técnico-Jurídicas alternativas.

6. Como esto seguro de que un y periódico serio como EL PAIS no ha podido inventarse tan imaginativa novela, me permito sugerir el equívoco -provocado por alguien desde fuera, con intención que no debo juzgar- con alguna de las muchas notas con propuestas reaccionales diversas sobre los puntos controvertidos -que desde diciembre todos los parlamentarios sabemos cuáles son-, que han circulado en los ambientes políticos y que, por lo general, se deben a la pluma de diputados (yo mismo he escrito alguna), senadores, especialistas en Derecho privado y asesores de ministros y partidos políticos.

7. Por supuesto, si un redactor de EL PAIS me hubiese telefoneado para verificar la fiabilidad de la información,incierta que rectifico, hubíera podido esclarecer todo equívoco, evitando que se enturbie y cargue de tensión un tema como el de la ley de Divorcio, que ningún español civilizado quiere plantear en términos de guerra de religión.

Creo que comprenderás que la extensión de esta carta no busca sino dejar al margen de toda duda mi independencia de criterio, y muy especialmente la verdad, a la que siempre procura servir tu periódico *

Óscar Alzaga, Diputado de UCD por Madrid y accionista minoritario de EL PAÍS.

La aprobación definitiva de la ley de Divorcio por el Congreso de los Diputados incorpora, por fin felizmente, al ordenamiento jurídico español una norma inexcusable en una sociedad moderna y democrática. Se ciega así la posibilidad de seguir manteniendo en nuestro país las prácticas de la doble moral y el doble lenguaje, rasgo típico de las estructuras y mentalidades autoritarias, en un aspecto tan fundamental para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y se viene a solucionar así la existencia en España, incluso cuando el adulterio era un delito sancionado en el Código Penal, de una forma de disolución del vínculo matrimonial costosa e hipócrita, reservada a una casta de privilegiados a través del monopolio en la materia de las autoridades eclesiásticas.Ya iba siendo hora de que los ciudadanos sin recursos económicos, huérfanos de contactos en las alturas o incapaces de simular dramas calderonianos, perversiones sádicas, o reservas mentales, pudieran disponer de un procedimiento judicial para solucionar, ante los Tribunales del Estado, situaciones familiares conflictivas o fracasadas. La mala fe o el fanatismo de los críticos del divorcio civil obligan a repetir la perogrullada de que esa posibilidad está abierta a todos, pero no obliga a nadie. Los católicos que acepten la indisolubilidad del vínculo pueden elegir otros caminos, distintos al divorcio, para sobrellevar un matrimonio frustrado. Pero al menos se acabará la inconcebible farsa de que el matrimonio canónico fuera de hecho, laúnica forma que las parejas encontraran para regularizar jurídicamente su vida en común. Tampoco sobra, por lo demás, la obvia constatación de que muchas personas que contrajeron matrimonio canónico siendo católicos han perdido, con el paso de los años, sus creencias religiosas. Por esas razones, hubiera sido simplemente monstruoso negar el derecho a divorciarse a las parejas casadas por la Iglesia, fuera la devoción o la obligación el móvil de su paso por la sacrístía.

La ley de Fernández Ordóñez es un texto moderado, ajustado a los principios constitucionales de libertad religiosa y de aconfesionalidad del Estado y respetuoso con los sentimientos y creencias plurales de la sociedad española. Severamente criticada por los partidarios de una regulación más flexible y abierta del divorcio, esta norma ha sido óbjeto de una desaforada y apocalíptica campaña descalificadora desatada por grupos y medios de opinión hipotecados con el nacionalcatolicismo.

El horror al divorcio civilizado y tolerante, por mutuo acuerdo y el deseo de circunscribirlo a los casos de culpabilidad de uno de los cónyuges, ilustran la extraña concepción de la moral de nuestros modernos Torquemadas.

Pero lo más grave de esa polémica es su abierto propósito de suministrar municiones para una batalla fundamentalmente política. No es la ultraderecha quien trata únicamente de explotar para sus fines pesadamente temporales la llamada guerra del divorcio, una de cuyas más estrafalarias y cómicas estampas fue el veto interpuesto por monseñor Marcelo González para que el ministro de Justicia no presidiera la procesión del Corpus Christi en Toledo. La farsa puesta en escena por el sector democristiano de UCD en el Congreso, a propósito de la votación secreta en que fue derrotada la cláusula de durezaintroducida por el Senado, se inscribe en la vasta, ambiciosa y meditada operación iniciada con la ofensiva contra Adolfo Suárez e intensificada, después del 23 de febrero, para expulsar de UCD a liberales y socialdemócratas, homologar al. centrismo con la internacional cristiano demócrata y formar, con o sin Leopoldo Calvo Sotelo como presidente una gran derecha que incluiría no sólo a los hombres de Fraga, sino también a los sectores menos asilvestrados de la agrupación ultraconsetvadora que pastorean Silva Muñoz y Fernández de la Mora.

El tiempo dirá si la derrota gubernamental en la votación de la cláusula de dureza fue una emboscada tendida por los liberales y socialdemócratas, o una maniobra sacristanesca para provocar una crisis dentro de UCD. Descubriremos así la trama que une al divorcio matrimonial con el que sucede en el seno del partido. También el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días o semanas permitirá analizar con más detenimiento y perspectiva el alcance de las tensiones suscitadas dentro del centrismo por los líderes democristianos. Baste ahora con señalar que las críticas dirigidas contra el procedimiento de votación secreta de las leyes resultan incomprensibles y abochomantes cuando median, como ocurre en el tema del divorcio, cuestiones de conciencia. Y suena también a desatino la pretensión de que la derrota de la cláusula de dureza, y la aprobación de esta ley de Divorcio, han sido un fraude político a los electorescentristas. No hace falta, ser Funes el Memorioso, personaje de un relato de Borges, para recordar que las elecciones de 1977 y de 1979 fueron ganadas por una UCD protegida por la fotografia de Adolfo Suárez, en tanto que la única comparecencia ante las urnas de unas siglas democristianas pese a estar defendidas por un hombre tan íntegro y honesto como Joaquín Ruiz-Giménez, acabó, hace cuatro años, en una hecatombe electoral.

Dice la gente que lo malo de nuestro país es que en todo lo bueno que hace, viene siempre ‘el tío Paco con la rebaja’. Esta vez no ha sido así. El único Paco que hay en la política ha jugado exactamente lo contrario y ha sabido llevar las cosas hasta conseguir una ley de Divorcio que ni los más optimistas esperaban y que, además, va a ser muy popular.

Ahora, el cabildo democristiano de UCD pide nada menos que la dimisión de Ordoñez, que es como si a alguien que le hubiese ocurrido suspender de estrategia a Wellington después de ganar la batalla de Waterloo. Le acusan de romper la UCD, pero, ¿quién es el rompedor? ¿El que trabaja por hacer de su partido el abanderado de una ley progresista o el que, habiéndose homologado casi con don Marcelo es capaz de pactar con Fraga para romper lo que de bueno haya podido hacer UCD?

De la votación sobre la cláusula dura no parece colegirse que la gran derecha tenga un gran futuro. Lo que más bien se demostró en que en la Cámara hay una mayoría natural de signo progresista que se corresponde con la realidad del país.

La ‘gran derecha’ parece más bien una pequeña derecha cristo-fraguista, cuyo futuro en la suma del futuro de Fraga y del futuro de los cristianos. Y, ya se sabe, a Fraga ni Cristo lo redime de sí mismo. En cuanto al os ‘cristianos’, la experiencia demuestra que lo más cristiano, electoralmente hablando, es rezarles un padrenuestro.

Luis Carandell

No solo por su complejidad jurídica interna, sino por el seísmo social que producirá inmediatamente, destruyendo familias agrietadas y agrietando familias firmes, la ley del divorcio, cuyo texto ítnegro publicamos hoy, no puede recibir comentario adecuado en un breve editorial.

Pero tampoco podemos dejar le tema abandonado como muerto sin responso. No sería explicable el silencio, cuando siglos de ordenamiento cristiano de la familia dejan paso a un futuro que es todo menos prometedor de paz nacional. Nos limitaremos hoy a resumir la postura que nuestro diario ha venido sosteniendo con la coherencia que los asuntos graves reclaman.

El divorcio es un mal. Nadie dirá, por mucho que alabe la excelencia de una operación quirúrgica, que se imponía a vida o muerte, que esa operación era una agradable coyuntura.

El divorcio como separación, primera fase, y ella liberadora de tremendas tragedias humanas cuando el amor conyugal murió, puede ser perfectamente legítimo y ha constituido una práctica milenaria de todos los estados y de todas las iglesias, incluida la católica. La segunda fase, el divorcio como trampolín para nuevo matrimonio cuenta con la oposición fundamental de la Iglesia católica. La nueva ley es, evidentemente, puerta abierta a los ciudadanos católicos, pero pondrá a prueba la coherencia de su fe y los colocará en una situación irregular dentro y fuera de su conciencia.

Sería calumnioso decir que los obispos españoles se han opuesto a toda ley de divorcio en España. Sus últimos documentos colectivos muestran con evidencia que, sin promoverla ni aprobarla, los obispos dejaban a la responsabilidad de los gobernantes promulgar una ley. El mismo acuerdo con la Santa Sede contiene una cláusula de advertencia a los católicos, que da por previsible la existencia del divorcio civil en España. Los obispos abandonaban su posición neutra en defensa de algunos puntos importantes y especialmente graves de esta ley: por desgracia, es este el divorcio que tenemos.

En este punto no podemos ocultar nuestra preocupación por el hecho de que, en voto secreto a propósito del artículo 87, 34 diputados del partido UCD hayan unido sus votos a los socialistas, demostrando por un capítulo más la incoherencia de una de cal y otra de arena que caracteriza la profunda ideología del partido.

Sólo una observación más, y ella la más grave: la ley de divorcio destroza materialmente el concepto de matrimonio canónico, sustituyéndolo con ambiguas expresiones respetuosas, por el concepto de matrimonio civil contraído en forma religiosa como la de toda otra confesión, y transformando de hecho al sacerdote en funcionario que reza oraciones en la celebración del matrimonio civil. La tenaz negativa del Gobierno entero a estudiar el tema dentro de la comisión mixta exigida por la Santa Sede para la aclaración de las cuestiones dudosas constituye una violación unilateral sobre la que llamamos preocupadamente la atención de los juristas católicos.

Tras la votación sobre el divorcio que ha convertido a la ley en una de las más laxas de Europa; tras el error garrafal de un portavoz – jurista por más señas – que olvida las más elementales normas formales que rigen una votación parlamentaria y tras la fuga increíble de unos votos centristas que han traicionado flagrantemente a su electorado, ayer el partido de UCD tocó fondo en las dimensiones de su propia incongruencia. Ni siquiera con la ayuda del Partido Socialista, que desalojó a dieciséis de sus diputados del hemiciclo a fin de facilitar el triunfo del partido en el Gobierno, consiguió éste ganar una votación política en el proyecto de reglamento del Congreso. ¿Razón? Faltaban más de treinta miembros del partido mayoritario.

Esto se llama descomposición, ruina de un partido que a lo largo de cuator años ha ido dando muestras de su débil contextura. Esto se llama desintegración de una formación electoral que no ha sabido con el paso del tiempo, convertirse en partido. Minado desde dentro por grupúsculos sin respaldo electoral pero bien pertrechados de triquiñuelas políticas, falto de cabeza. Ahora mismo la dirección del partido es un desconocido, la desintegración de UCD se ha ido consumando ante la incredulidad de la oposición que no ha tenido que hacer nada para verlo caer sin gastar ni un solo cartucho en la operación. La culpa ha sido del propio partido, que se han plegado, traicionando su programa electoral, a las presiones – realmente leves, no ha hecho falta demasiado, de la oposición.

El futuro de UCD es bien claro: o se da un golpe de timón y se clarifican las posiciones, se rearma programáticamente el partido y se gobierna con firmeza y de acuerdo con ese programa o tendrá que desaparecer en un plazo muy breve. UCD ha gastado casi hasta el límite su tiempo hábil. El electorado no va a consentirle más piruetas y seguramente será el electorado gallego el encargado de demostrarlo en breve plazo.

Dicho con toda claridad, si UCD quiere seguir representando al electorado que hizo posible su triunfo no tendrá más remedio que rehacer su programa – divorcio, este divorcio incluido – y dirigirse de nuevo al electorado a pecho descubierto.

Tal vez sea demasiado tarde. La indisciplina y la impotencia mostradas ayer mismo exigen medidas drásticas o renuncia cara al futuro. Lo demás será prolongar la agonía de un partido que ha perdido los papeles y consumar la traición, que hoy es ya evidente.