Aprobados los estatutos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco / Euskadi por amplia mayoría

Querido director: Me permitirás que hoy no escriba mi habitual columna. Sinceramente, no puedo. Por primera vez en mi vida me he llenado de paciencia y, al intentarlo una y otra vez, al final he tenido que romper los papeles. No puedo escribir.

Y fíjate si hay temas. Acabo de leer que el incendio del hotel Corona de Aragón fue provocado y atizado con napalm. Ya sabes, el invento aquel de los bombardeos en la segunda guerra mundial que arrasaron, casi tanto como en Hiroshima y Nagasaki, decenas de ciudades alemanas. O también esa otra broma del profesor – alcalde pidiendo una nueva amnistía. O lo de la venta de armas a Marruecos. O lo de las condenas a los disidentes checos. O lo del retorno de Saporta el envaine del PSOE… Pero nada, que no puedo.

Y, además, no me da la gana. Hay días de luto, días de soledad, días de asco. Hoy es uno de ellos. Hoy se vota en Euskalerría y mañana lloraremos.

Perdona que falte a la cita con los lectores. Y publica, si quieres, estas líneas. Que no son más largas para no tener que hacerlas interminables con el rosario de mi duelo de español al que mutilan ‘democráticamente’. Porque eso es lo que me pasa: que hoy me ha segado algo de mi mismo, aquella parte del corazón que echa raíces en Vasconia.

Me siento mal. Perdona y disculpa.

José María Ruiz Gallardón

Por vez primera en la historia de España un gobierno avala la desaparición de la Patria mediante un par de referendos en siete provincias, total, dos regiones elevadas a la categoría de nacionalidades por la inepcia total de unas cortes medianamente constituyentes, que ignoraban el derecho, la gramática y el correcto manejo del diccionario.

Es jornada de luto y langarrea sobre Madrid. Andaban por él, ayer a la noche, al menos un cabo de Infantería y cincuenta soldados que no callaban su deseo de oponerse al desguazamiento de la Unidad nacional, al asesinato de sus jefes y sus familias, a las ofensas a la Bandera que juraron defender y quieren defender, les dejen o no hacerlo, y trataban de proponer públicamente el sistema adecuado para llevar a cabo esta tarea. Estos soldados desconocidos salvaron el honor. Ojalá sigan siendo desconocidos, porque en caso contrario el Gobierno podría fusilarlos para ejemplarizar. Con la otra mano firmaría el truco para amnistía a los terroristas de la Eta, sin pasar por el vocablo amnistía y mantenerse fuerte en la retórica y con los pantalones en las corvas en la acción. Sálvense las formas y parezca el culo, que no puede que sarna con gusto no pique.

Hay que preparar el futuro, que ya ha comenzado pero que no existe. Pedí mi condición de navarro por mi empadronamiento en Madrid, donde murieron mis padres, vivo mi amor, nacieron mis hijo y van viniendo mis nietos, e incluso donde un hijo mío se quedó para siempre, es una sacramental del oeste, como uno de los soldaditos que venían a ganar Madrid para España. No soy, pues, al menos legalmente, navarro. Madrileño administrativo tampoco soy. A Madrid se entra con el corazón o con el fusil, nunca con el balduque. Madrid me ha acogido generosamente ¿pero qué va a ser de Madrid en este galimatías? Madrid no es Cataluña, ni Vascongadas, ni Galicia, ni Extremadura, ni el País Valenciano, ni el Reino de Murcia, ni Andalucía, ni Asturias, ni León, ni Castilla, ni La Mancha. Madrid no es nada. Hay quien lo destina a bisagra entre ambas Castillas. Eso ya se lo inventaron mejor los falangistas del Alto de los Leones y los madrileños del Cuartel de la Montaña y los madrileños que morían por don Carlos Marx.

Hay quien piensa en un Madrid D. F., pero no hay guapo que renuncia a ordeñar la ubre electoral de los madrileños en el breve lapso que nos queda hasta la total independencia de las distintas nacionalidades. La ‘commonwelth’ no nos va y los separatismos anidarán también en los que ahora se separan y no hay Corona que pueda mantenerse sobre la tendencia a la dispersión, ni siquiera multiplicando los principados y aceptando para la Península e islas adyacentes la política que aceptaron los Braganza de cara a Brasil y no aceptaron ni insinuaron los Borbones de cara a la América hispana. Madrid, adiós, que te quedas sin gente, sin gentes, sin función, sin destino, pobre de pedir con mucho ‘metro’ para mendigarte a ti mismo. Siete madrileños he dado a Madrid y con ello mi mujer y yo creemos tener derecho a considerarnos también madrileños, aunque ella tenga el defecto de ser de Palma de Mallorca y yo el de ser de Pamplona, cosas que pueden no ser bien vistas por los nacionalistas madrileños, que también pudieran brotar aquí como hongos, porque bajo la tontiloca presidencia municipal de Tierno Galván – la mayor estafa cultural que ha parido madre y Madrid más conde don Julián, que noble y lógico don Julián Besteiro, besteirete para pobres, benefactor (presunto) de ricos – cualquier cosa puede ocurrir, hasta que se nos niegue la futura amnistía a los que criticamos, sin más máquina mortífera que la de escribir, las que el ya agonizante gobierno de los ciento siete años ha concedido a cara descubierta y las que concederá a cencerros tapados.

Madrid ha sido la espuma y la espumadera de España, lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor. Ahora, pronto, será sólo Madrid para Madrilejos, tirando a Madrinuelos y Madriducos y a Madridgrado, y el rompeolas de todas las Españas como dijo en sus delirios el bueno, débil y antifascista Antonio Machado, se queda sin olas que romper.

Me gustaría pensar en Madrid como Belén de España, ver al viejo foro (¿vendrá esto del foro como consecuencia del Miscum del Itinerario Antonino, de la Mantua Carpetana y legendaria, casi mitológica?) como la sede del renacimiento de las esis unitarias, prisión de reyes, patio para la artillería política de Cisneros, Covadonga de España en los bosques de hayas y robles, y encinas, y castaños y alcornoques de la Sierra y de Gredos; Navas de Tolosa en el Jarama; Lepanto en el Henares; Mississippi en el Manzanares; conquistador de Portugal en el Tajo; expansivo, violento, guerrillero en el Guadarrama, el Alberche y el Lozoya; Roma hispana en sus siete colinas primeras y en las seis mil que le siguen; Austria nupcial o raptora de nuestras sabinas circundantes para para preñar de españoles el entero contorno desespañolizado; horca de traidores, paredón de infames, pódium de majos del 2 de mayo, que hogaño son majas porque el varón no cuenta a causa de la desvalorización sorprendente, democrática y hasta nefanda.

Pero ese Madrid, cuna paciente y tenaz de una España renacida tampoco parece que exista salvo en mi sueño desesperado de este día funeral, largo, trono y cima de la general cobardía española con la excepción de una legión de mujeres, un puñadito de hombres y ese cabito de Infanterías – Noval y Terrero, Cascorro y Anfiloquio, honra del pueblo – y de cincuenta pipis que a mi leal saber y entender merecen la más alta gratitud de la historia española, y a los que yo no ascendería porque no concibo mayor graduación que la de saber ser soldados de España cuando ésta lo necesita.

Rafael García Serrano

Acaso el peor de los fracasos sea el nacido de un éxito decepcionante. Así, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, siendo un triunfo, ha resultado uno de los más estrepitosos fracasos de nuestra ya casi infinita transición democrática. Porque el que Cataluña sea autónoma es un éxito que, en general, todos los demócratas españoles compartimos, pero que lo sea de chiripa es un escándalo histórico. Ahí están los datos: solamente un 52% de los ciudadanos han dicho sí a un estatuto apadrinado por todos los partidos con representación parlamentaria, por la Generalidad y por los aparatos de difusión del Estado, a través de una abrumadora campaña, total y absolutamente dirigida a lograr el voto afirmativo. Y, por cierto, que en la desaforada publicidad no han faltado acicates soberbios. Por de pronto se le aseguró al ciudadano que votar la autonomía de Cataluña era «votar las demás autonomías». Virtudes crediticias del voto catalán: no sólo el pájaro en mano, sino los ciento volando.

Para los enemigos de la fantasía histórica, el final de la campaña acompañó al sí con una oferta nada despreciable: el paro, la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana, la sanidad pública, la enseñanza y alguna que otra cosa más eran problemas, como quien dice, resueltos votando el Estatuto, o al menos así lo aseguraba la propaganda oficial de la Generalidad, pagada con el dinero de todos los españoles. El poco o ningún caso que al mágico productor se le hizo lo atribuyen, algunos a la pervivencia del espíritu almogávar, que no admite gollerías; otros, a incredulidad fenicia, viendo que los americanos no invadieron Barcelona para robarnos el remedio de los males de Occidente ni la pérfica Albión nos hizo caso.

Otros, como es nuestro caso, nos limitamos a constatar la evidencia: el fracaso real del Estatuto ante la opinión pública. Pero este fracaso político -en un referéndum cuya ausencia de garantías, reconocida por todos, ha trocado, a la vista del magro resultado, el fantasma del «pucherazo» por el del «pucherito»- no supone, no puede suponer, el fracaso de la autonomía de Cataluña. De su necesidad no admitimos duda alguna. Lo que sí supone es el fracaso de todos y cada uno de los grandes partidos catalanes. Y por la cuenta que nos trae a todos los demócratas que vivimos en Cataluña, cumple que esos partidos y todos los grupos sociales que deliberadamente se han desmarcado de la actual política de unidad (?) catalana se apresten a dar vida a este proyecto de cadáver que nos amaneció el 26 de octubre.

Porque una autonomía desnutrida no es posible y porque, aclarémoslo, el fracaso de los partidos catalanes no es sino el último de una larga cadena de errores, al final previsible de una política de unidad… en el error, es necesario sacar las consecuencias lógicas de este hecho insobornable: la política catalana, en su forma actual, no representa sino a la mitad de la población. Dicho de otro modo: casi la mitad de la población de Cataluña carece de representanción política, lo cual, en un sistema democrático, basado en la representatividad, supone la base más firme para su subversión y posterior descalabro.

Y hay que aclarar un error o una mentira insensatamente repetida: que sean los emigrantes y las izquierdas, con su voto masivo, los que hayan salvado in extremis al referéndum. Precisamente lo que constituye la prueba de que el fracaso lo es del conjunto de la política catalana, y no de una parte de ella, es que la abstención ha sido altísima, tanto en la derecha y en los catalanes como en la izquierda y en la emigración, con el afiadido de que toda la propaganda iba dirigida a los no catalanes. No hay sino que observar los resultados por barrios y comarcas para ver que, si bien el emigrante antiguo ha votado sí, aunque no demasiado, es en las más populosas barriadas y comarcas de emigración reciente donde los índices de abstención son más altos, acompañados además por un increíble porcentaje de noes, que no representa una repentina popularidad de Fuerza Nueva. en feudos de Felipe González, sino una negativa visceral y espontánea al Estatuto y a la imagen de la autonomía catalana que las fuerzas políticas nos han adelantado de dos años acá.

Urge, en consecuencia, incorporar o reincorporar al proceso autonómico catalán a una inmensa masa de población, a la derecha y a la izquierda, catalanes y no catalanes. Dejo la derecha para Canyellas, ese legendario perdedor recién fichado por Suárez. En lo que a la izquierda y a la emigración se refiere, la reincorporación sólo puede y debe venir de dos lados: del cambio de orientación de socialistas y comunistas y de la organización de una fuerza política verdaderamente representativa de las opciones y necesidades de grandes capas de población que no comulgan con la política de catalanización a ultranza y asimilismo cultural del PSUC y el PSC-PSOE. Pueden estos partidos persistir en su empeño de que la emigración se siente catalanísima. Ahí está el referéndum para negarlo. Lo que sería ya un error inconmensurable es continuar con la cantilena del lerruxismo y con la política de insultos y amenazas hacia los grupos políticos andaluces o aragoneses que se disponen a participar de inmediato en las elecciones al Parlamento de Cataluña y en el futuro político catalán. Solamente con incorporar a la vida pública a una parte de los ciudadanos que se han apartado de ella por no sentirse fielmente representados, su aportación a la construcción de la Cataluña autónoma tendría un gran valor histórico. Negarlo es fruto sólo de la obcecación y del partidismo miope.

Pero hay mucho más: esa conjura histérica hacia cualquier grupo nuevo en el panorama de la emigración suele hacerse en nombre de la «unidad de la izquierda». Entienden por ello, al parecer, la congelación histórica de las organizaciones de izquierda una vez esiablecido su monopolio. Y parecen preferir la abstención de cientos de miles de trabajadores a su organización consciente fuera de sus filas. Tarea inútil: si los emigrantes se apartan de la política de la izquierda catalana establecida, lo hacen precisamente para establecer otra política. Insultar y atacar a las organizaciones nuevas es poner puertas al campo. Es dividir, de antemano, a las clases populares con una visión puramente sindicalista o sindicalera, lejos precisamente de esa política de unidad que propugnan.

Si de verdad se busca la unidad de la izquierda, el camino es el de la alianza estratégica con estos sectores de la emigración que buscan organizarse, para defender su identidad histórica y cultural, no para luchar contra el catalán ni los catalanes, menos aún contra sus hermanos de pueblo y de lengua. No hay ninguna dificultad para establecer un pacto sobre todos los aspectos fundamentales de política salarial, viviendas, sanidad, política sindical y demás aspectos sustanciales de una política de clases, respetando, aunque se discrepe, la orientación catalanista, o andalucista, o castellanista de su política cultural. Lo uno pertenece al campo de la política y de los intereses de la clase obrera, lo otro, a las diferentes concepciones de la integridad y dignidad históricas de los pueblos y las personas. Para defender esto pacíficamente, toda política es respetable. Para atacarlo, sencillamente no hay justificación política.

Federico Jiménez Losantos

Para el próximo día 25 ha sido convocado referéndum en Cataluña y Euskadi, para que ambos pueblos manifiesten su aprobación o rechazo a los respectivos proyectos de Estatuto de Autonomía, aprobados por la Comisión Constitucional del Congreso.

Así pues, todos los ciudadanos de Cataluña mayores de dieciocho años tendrán la oportunidad histórica de pronunciarse en favor o en contra de lo que debe ser el inicio de una nueva etapa para nuestro pueblo. Con su participación podrán sentar las bases para emprender la reconstrucción de nuestra comunidad.

Los socialistas de Cataluña, fieles a nuestra tradición autonomista y federalista, al tiempo que conscientes de nuestra responsabilidad como primera fuerza política catalana, seguimos reiterando nuestro llamamiento a todos nuestros conciudadanos para que den su sí, el próximo día 25, al proyecto de Estatuto de Autonomía. Un Estatuto redactado y aprobado en su día por la totalidad de los parlamentarios catalanes, posteriormente discutido y negociado en las Cortes y sometido ahora al veredicto popular de las urnas.

La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña representa, en primer lugar, un acto de desagravio histórico para el pueblo catalán, que, al término de la guerra civil, perdió sus históricas instituciones de autogobierno; con la plena recuperación de la Generalitat, el Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia, Cataluña recuperará sus libertades nacionales. Esta es la primera razón del sí de los socialistas a nuestro Estatuto.

La realidad sociopolítica de la Cataluña actual encuentra auténtica plasmación en el texto estatutario. Por ello, su aprobación contribuirá a la consolidación de la democracia en toda España y marcará un nuevo paso adelante en el camino de acercar el poder real al pueblo de Cataluña. El Estatuto asegura una Generalitat democrática, al servicio del pueblo, al servicio de la mayoría del pueblo. En Cataluña, esta mayoría está formada por los trabajadores y las capas populares, cuya representación política ostentan las fuerzas comprometidas en el progreso y el cambio. Esta es una segunda razón del sí de los socialistas al Estatuto.

Estatuto de la mayoría

Por su condición de Estatuto de la mayoría, uno de los rasgos principales del texto que el próximo día 25 será sometido a consulta popular es el de su contenido eminentemente solidario con los otros pueblos de España. Los socialistas jamás daríamos nuestro apoyo a un Estatuto insolidario. Creemos en el derecho a la autonomía de todas las nacionalidades y regiones españolas y creemos también que sin solidaridad resultaría imposible construir una sociedad justa como la que propugnamos. Votar sí al Estatuto de Autonomía de Cataluña es pronunciarse anticipadamente en favor de la autonomía de Andalucía y de Aragón, de Galicia y del País Valenciano, de todas y cada una de las nacionalidades y regiones que han de configurar España como Estado de las autonomías. También vota r sí al Estatuto de Autonomía de Cataluña es votar sí a la pacificación de Euskadi, es votar no a la violencia y a terrorismo. Es una tercera razón del sí socialista y de nuestra petición a todos nuestros conciudadanos para que voten también sí.

El Estatuto de 1979 consagra el principio de igualdad de las dos lenguas que coexisten en Cataluña, catalán y castellano, como ejemplo claro e inequívoco de que todos los ciudadanos tendrán plenamente garantizada su propia identidad cultural, que nadie será marginado en a construcción de nuestro futuro colectivo. Un futuro que será posible en la medida que se haga realidad el contenido de la pancarta unitaria que presidió la manifestación del pasado «onze de setembre»: catalanes de origen y de destino formando un solo pueblo.

Porque se trata, pues, del Estatuto de la libertad y de la igualdad de todos los ciudadanos de Cataluña y porque con él podremos emprender la construcción de nuestro futuro, los socialistas tenemos otra razón para recomendar el sí masivo en el referéndum. A partir del pronunciamiento positivo del pueblo catalán y la definitiva promulgación del Estatuto de Autonomía, deberemos hacer realidad las competencias que el texto estatutario contempla, y con ellas desarrollar una acción de gobierno para cambiar las cosas, para satisfacer las imperiosas necesidades individuales y colectivas de los ciudadanos de Cataluña.

Combatir el paro

El Estatuto de Autonomía hará posible que los ciudadanos de Cataluña combatamos de forma más directa el paro y nos defendamos más directamente de la crisis, a la vez que mejoramos nuestras condiciones de vida. Todo ello, en un contexto político de cambio y de progreso que nos asegure -y el Estatuto lo asegura- la posibilidad deremover eficazmente los obstáculos que impidan avanzar hacia la construcción de una Cataluña nueva.

Por estas razones, fieles a nuestra tradición y al compromiso contraído con nuestro pueblo, los socialistas de Cataluña, fraternal y solidariamente unidos con nuestros compañeros de las restantes nacionalidades y regiones, renovamos nuestro llamamiento en favor del sí masivo del pueblo de Cataluña al proyecto de Estatuto de Autonomía.

Como eje vertebrador de la política de reconstrucción nacional de nuestro país, las mujeres y los hombres que formamos el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), catalanes de origen y de destino, veteranos militantes y jóvenes entusiastas, votaremos sí al Estatuto de Autonomía. Porque decir sí al Estatuto es decir sí a la libertad; y socialismo es libertad.

La primera preocupación de los vascos, según los sondeos realiza dos por el Consejo General para orientar la campaña institucional del referéndum, es el paro y la crisis económica. Por sorprendente que el dato pueda parecer a algunas personas -incluidos sabios sociólogos de importación contrata dos para descubrir en dos meses una receta contra el terrorismo-, la preocupación ante el tema de la violencia aparece, en dichos sondeos, a gran distancia de los citados motivos principales de inquietud. Quizá sería de utilidad un estudio que intentase establecer la relación e tre ambos fenómenos, analizan do, por ejemplo, el desplazamiento producido en los últimos cinco años de unas zonas a otras como semilleros principales de activistas, o estudiando las variaciones regis tradas en el sector social de origen y edad media de estos últimos y relacionando todo ello con los niveles de paro existentes en cadazona y sector.Durante el último año, Guipúzcoa fue la provincia del Estado español que registró la mayor tasa de crecimiento del desempleo. En Vizcaya, datos recientes cifraban el nivel de paro en un 15,82% (incluyendo una estimación sobre el «paro desanimado», es decir, el de aquellas personas que han dejado de buscar trabajo porque no tienen ninguna esperanza de encontrarlo). A su vez, el 55% de esa cifra corresponde a jóvenes menores de veinticinco años, más de la mitad de los cuales buscan aún su primer empleo. Estos datos resultan tanto más significativos teniendo en cuenta que hace tan sólo seis años la tasa de desempleo era en el País Vasco de un 3,11%, frente a una media del 5,09% para el conjunto del Estado. Por primera vez desde la industrialización de Euskadi, a fines de siglo pasado, el número de personas salidas del País Vasco superará, en 1979, al de inmigrantes recibidos. Tal es la situación.

«Euskadi se hunde», vienen advirtiendo los sectores que más se beneficiaron del auge de los veinte años anteriores. Según datos del Banco de Bilbao, entre 1955 y 1975 la renta regional aumentó en el País Vasco en un 189,4%, lo que hizo que en el año de la muerte de Franco, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava figurasen, respectivamente, en los puestos primero, tercero y cuarto de renta per cápita. Sin embargo, las dos provincias costeras vascas se situaban ese año en los puestos diecisiete (Vizcaya) y veintinueve (Guipúzcoa) en cuanto a velocidad de crecimiento. Era un síntoma de lo que, cuatro años después, es ya evidente: que se entraba en una fase larga de recesión.

El hecho de que el 85% de la producción vasca se destine al mercado interior español determina el estrecho margen de maniobra de la economía vasca para superar la crisis sin una modificación radical de la estructura productiva. A su vez, el hecho de que el 54% de la población activa vasca esté empleada en los sectores siderúrgico, naval y de bienes de equipo -los más afectados a nivel internacional por la crisis abierta en el 74- explica la forma particularmente aguda de incidencia de dicha crisis en Euskadi.

Pero si «Euskadi se hunde», y esa es la primera preocupación de los ciudadanos, es preciso «levantarla». Con una cierta tendencia a la simplificación mágica propia de la publicidad, las paredes de Euskadi se han cubierto estos días de carteles optimistas que proclaman: «Voy a levantar Euskadi con una sola palabra: bai (sí)». El eslogan, junto con otros similares, es el central de la campaña del PNV de cara al referéndum del día 25. Pero algunas fuerzas de izquierda han sido aún más explícitas, al solicitar el «sí al Estatuto para acabar con el paro».

El pacto social vasco

Para salir de la crisis y «tener la Euskadi que anhelamos» será necesario, según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Bilbao, «un sacrificio personal considerable, que incluso contemple una reducción en el nivel de vida disfrutado por la población vasca, frenando consumos y gastos superfluos». Pero esta perspectiva de austeridad no deberá basarse en «la adopción unilateral de cualquier conjunto de medidas», sino en la «negogiación y subsiguiente pacto entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de nuestro país». El pacto implica contrapartidas como, en particular, un «nuevo cuadro de relaciones laborales y de participación de los trabajadores en la empresa» y una orientación de la inversión pública y privada hacia «la reabsorción del paro», por una parte, y la superación de los «déficit en educación, zonas verdes, red viaria, sanidad, etcétera», por otra.

El plan, que incluye otros aspectos tan «keynesianos» como los apuntados -lo que ha provocado una reacción durísima del sector más ultra del capitalismo vasco, a través de la Federación de Emprerios del Metal- se inscribe de lleno en la perspectiva de la autonomía. «La aprobación del Estatuto de Autonomía, puede leerse en el informe antes citado, permite una capacidad de,intervención en materia económica que los poderes públicos vascos deben asumir enérgicamente y sin demora, si deseamos, por un lado, acercar la toma de decisiones al lugar en que van a ser aplicadas, y, por otro lado, orientar la actividad económica vasca en función de las necesidades, deseos y dictados deEuskal-herria.»

Esa «capacidad de intervención» de los poderes vascos viene regulada en el Estatuto por el título primero, que define las competencias del País Vasco, y el título tercero, que establece el sistema de conciertos económicos como base del sistema de financiación de la autonomía.

Los conciertos económicos de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava (al igual que el convenio de Navarra) tienen su origen en la ley de 25 de octubre de 1839, dictada inmediatamente después de la derrota carlista en la primera guerra. El proceso abolitorio de los fueros entonces iniciado culminaría con la ley de 21 de julio de 1876, que establecía la obligación de las tres provincias de contribuir a los gastos del Estado en proporción a sus haberes. Dos años después, el contenido de dicha ley se concretaba en el primer convenio, por el cual cada territorio histórico se comprometía a satisfacer a Hacienda una cantidad anual fija, recaudada en la provincia por la propia Diputación.

Sucesivos acuerdos fueron produciendo revisiones paulatinas de los cupos globales y modificando algunos de los criterios iniciales sobre las atribuciones del Estado y las diputaciones en el sistema de recaudación. En junio de 1937, días después de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao, un decreto de guerra suprimía el concierto para las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, consideradas «traidoras», por haber optado por el bando republicano. Desde entonces, sólo Alava ha seguido conservando el régimen de conciertos (y Navarra su convenio, actualizado en 1969).

Me dicen mis amigos que escriba algo sobre el País Vasco. Cojo la pluma para hacerlo, no sin emoción y con inquietud también. Porque en el País vasco, mi tierra natal, en mi Gallarta minera crecí y me formó, quedando grabado en mi carácter el sello de las luchas obreras, duras y valientes que, desde finales del siglo pasado, fueran bandera para todos los trabajadores de nuestro país.

E inquietud, sí, honda preocupación, por la complejidad, la gravedad de los momentos que vive mi Euskalerría.

Y es que el problema vasco puede decirse que es hoy el más, serio de todos los problemas planteados en el Estado. El proceso político vasco va día a día despegándose del proceso democrático español. Y ello es muy peligroso.

¿Causas? Sin duda hay varias, que se explican con más o menos acierto desde diversos puntos de vista.

Pero lo más urgente es buscar y encontrar los remedios, las soluciones válidas.

Es evidente que ha habido y sigue habiendo errores importantes en la política del Gobierno de UCD hacia el País Vasco. A su falta de atención seria a este problema se deben, entre otras cosas, la debilidad, la escasa autoridad del Consejo General Vasco. Y precisamente en momentos, en que más se siente la necesidad de un órgano nacional vasco capaz de encauzar la vida y las actividades de los ciudadanos vascos, de dar satisfacción asus anhelos legítimos.

A nadie se le oculta el impacto que la crisis económica está teniendo en el lector obrero de Euskadi, acostumbrado desde hace muchos años a vivir en una zona industrial floreciente y desarrollada, con un alto nivel de vida, zona importadora de mano de obra de las regiones económicamente más atrasadas de España, y que hoy tiene ella misma que hacer frente a la falta de puestos de trabajo. Estas dificultades nuevas están teniendo un efecto desmoralizador entre los trabajadores, y muy particularmente, entre lajuventud. Y ello se ha reflejado en la abstención considerable en las elecciones de marzo y abril.

Yo creo y espero que la clase obrera de Euskadi, de siempre tan combativa, supere esta situación, que haga sentir con mayor fuerza su presencia en todos los aspectos de la vida vasca, que su influencia y actividad se perciban en los frentes profesionales, culturales, intelectuales. La clase obrera de Euskadi está llamada a tomar en sus manos, a dar coherencia al problema nacional. No está de más recordar que desde sus orígenes, en el año 1920, el Partido Comunista incluyó en su programa la defensa decidida de los derechos nacionales de los pueblos de España.

Reforzar la unidad de las fuerzas vascas en torno a la autonomía, en torno a la elaboración y establecimiento del Estatuto de Euskadi, es urgente y primordial. Creo no equivocarme al afirmar que es precisamente la implantación del Estatuto vasco lo que ayudará a dar solución a muchos de los problemas que hoy nos preocupan a todos. Y conviene subrayar los esfuerzos que nuestro abnegado e inteligente Partido Comunista de Euskadi (PCE-EPK) realiza para lograr su implantación, y el acierto de sus palabras: «Ni represión ni terrorismo. Estatuto ahora». El Estatuto de Autonomía lo desea y espera el pueblo vasco y lo apoyan los pueblos de España.

Y ya a la altura que estamos, resultan poco convincentes las voces que propugnan la restauración del Estatuto de 1936, de la República. Pudo hacerse hace muchos meses. Hoy ya no es oportuno ni conveniente, sino que provocaría nuevas divisiones. Las formaciones políticas fundamentales de Euskadi están ocupadas en la preparación, díscusión y redacción de su nuevo Estatuto, el de Guernica, que responde a los anhelos de la mayoría de los hombres y mujeres vascos de hoy.

En lograr el Estatuto, y con él la convivencia de los euskaldunes, están empeñadas, quiero creerlo, las fuerzas políticas vascas que desean una vida pacífica y próspera para los vascos, así como el dinamismo que en ellas imprimen las fuerzas nacionalistas. La unidad de todas ellas en torno al Estatuto -y no importa repetirlo- es esencial y determinante, reconociendo el papel político que está llamado a jugar el Partido Nacionalista Vasco y el rumbo acelerador y auténticamente democrático de las fuerzas de izquierda y, ante todo, de la clase obrera.

Retrasar la aprobación del Estatuto vasco es hoy un serio peligro y debemos esperar que todos los organismos responsables de nuestro país sean plenamente conscientes de ello.