Operación Tándem: Encarcelado el comisario José Manuel Villarejo Pérez por las tramas conocidas como ‘Pintor’, ‘Land’ y ‘Iron’

La decisión de la Audiencia Nacional, tras varios meses de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, supone un paso muy importante en la lucha contra la corrupción, aunque lo que queda al descubierto en esta operación, denominada Tándem, es la existencia de una auténtica mafia policial que funciona como una organización criminal al servicio de unos pocos, en cuya cúspide se encontraría el polémico comisario.

Los detenidos, utilizando sus cargos y responsabilidades, como señala la fiscalía, “habrían recibido elevadas sumas de dinero, así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

EL PAÍS ha llevado a cabo durante los últimos tres años una investigación sobre las supuestas actuaciones irregulares de Villarejo, que compaginaba sin escrúpulos sus tareas de policía y de empresario, burlando aparentemente a los sucesivos Gobiernos a los que ha servido.

Villarejo tejió durante años una red de favores mutuos con distintas instituciones y personas que le ha servido para hacer grandes negocios y salir airoso de sus frecuentes problemas judiciales. Pero esta vez los investigadores han convertido los indicios publicados por este periódico en pruebas contundentes de que el comisario-empresario, prevaliéndose de su cargo, se habría enriquecido con servicios especializados —en concreto, lo que Villarejo denominaba gestión de crisis— y a través del blanqueo de capitales. Si no, es inexplicable que un policía pueda amasar una fortuna como la que Villarejo tiene en su entramado de sociedades dentro y fuera de España.

Es una buena noticia que la justicia haya actuado (pese a las múltiples amenazas realizadas por el comisario encarcelado) ante un caso tan flagrante de corrupción de un grupo de funcionarios. No deja de ser preocupante, por otra parte, que se haya tardado tanto tiempo en poner coto a actividades ilegales de sobra conocidas.

La Policía detuvo ayer, junto a otras cinco personas, al comisario jubilado José Manuel Villarejo en el marco de una operatición anticorrupción ordenada por el juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, que lo acusa de lucrarse con «servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español». Villarejo es una de las figuras más polémicas de la jerarquía policial en los últimos treinta años. Su nombre ha venido apareciendo, como un Guadiana, en algunos de los más turbios episodios en los que se han visto envueltos altos cargos del Cuerpo, desde aquel informe Véritas (hecho a medida para comprometer al juez Garzón) hasta las andanzas de ese zarramplín conocido como el «pequeño Nicolás», pasando por otros focos de polémica más lesivos para el buen nombre de la Policía. Paralelamente, se le conoce un rumboso patrimonio surgido a rebufo de un complejo entramado de empresas que hizo compatible con su estancia en puestos relevantes en la seguridad del Estado cuya remuneración no daba para tanto. Cuando su estrella declinó, Villarejo decidió despedirse como nunca lo ha de hacer un servidor público, disparando en una entrevista televisiva contra instituciones y altos cargos del Estado, naturalmente sin aportar pruebas ante la cámara. Su apartamiento de puestos de relevancia (por organigrama o influencia real) llegó demasiado tarde, pues para entonces había acumulado un conocimiento casi cartográfico de las llamadas «alcantarillas del Estado», tan de moda sobre todo en los noventa. Su detención, acusado de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra los derechos de los extranjeros, marca el final de la carrera que nunca hubo de tener una persona tan poco fiable. Mucho ha tardado Asuntos Internos en poner coto a su historial.

El excomisario José Villarejo, Pepe para los que él llama sus periodistas infiltrados, no se anda por las ramas. Así me lo hizo saber en marzo de 2015, cuando le fui a ver para contrastar algunos datos de la investigación que llevaba varios meses realizando sobre su entramado empresarial.

Este policía divide a sus conocidos en tres categorías: troncos (o sea, colegas, amigos), chungos (enemigos, desconfiados) y choros (chorizos, delincuentes). De entrada, quiso hacerme tronco suyo; seducirme con su estilo campechano y gracioso y convertirme en uno más de una red a los que entrega información (real o falsa) a cambio de buen trato y de actuar cuando él lo diga. Cuando comprobó que yo no era de esos, pasé a ser un chungo y me lo hizo saber. “Si publicas eso voy a ir a por ti”, dijo con violencia. Aunque debió pensar que yo le estaba grabando (él lo graba todo) y, añadió, “judicialmente hablando, claro”.

Y, al cabo de los meses, pasé a la tercera categoría, la de los choros. Por lo menos, eso intentó con las innumerables querellas y demandas interpuestas en los últimos tres años. Hasta ahora las ha perdido todas y, lo que es peor, no ha conseguido que dejara de investigar unas actividades que han acabado con sus huesos en los calabozos de la Audiencia Nacional, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Él mismo se convirtió el viernes oficialmente en un choro.

Villarejo cumplió 66 años en agosto. Pocos meses antes se había jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, tras ser imputado en dos casos distintos: por revelación de secretos en el caso Nicolay (acusado de grabar, manipular y difundir una conversación entre policías y agentes del CNI) y por agresión en el caso de Elisa Pinto (la doctora le ha reconocido como el que la apuñaló en presencia de su hijo).

Pero, tanto en sus declaraciones públicas como en sus conversaciones privadas, este policía cordobés insistía en que iba a salir airoso de ambos casos. No tenía ninguna duda de que funcionaría su red de socorros mutuos, formada por policías, políticos, jueces, fiscales, empresarios, editores y periodistas, y que le volvería a sacar las castañas del fuego.

Lo que no se podía imaginar es que el pasado viernes, algunos compañeros suyos del cuerpo, adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, se lo iban a llevar a prisión, junto a su actual esposa, Gemma Isabel Alcalá, y a uno de sus grandes troncos en la policía, el también comisario Carlos Salamanca. Con su detención concluye una doble vida que le ha hecho rico compaginando su trabajo de policía (con placa y pistola) con el de empresario que ofrece sus servicios de inteligencia y asesoramiento (él lo llama gestión de crisis) a personas con problemas serios, que saben perfectamente que la frontera entre funcionario y policía privado no existía para el comisario-empresario.

José Villarejo ingresó en la Policía Nacional en 1972, cuando la dictadura imponía su violencia en toda España. Pronto fue destinado a la comisaría de San Sebastián, en donde él asegura que participó en múltiples operaciones antiterroristas, aunque algunos de sus compañeros lo ponen en duda. Luego se instaló en Madrid, en el área de Seguridad Ciudadana, hasta que en 1983 pidió una excedencia y se lanzó a la investigación privada. Eran los tiempos del dinero fácil y el policía empezó a hacer su patrimonio trabajando para la agencia de detectives Kroll, mientras no perdía contacto con su antigua casa.

En los años noventa Villarejo participó en la elaboración de Informe Véritas; una operación dirigida por el Ministerio del Interior para desacreditar al juez Baltasar Garzón y a otros políticos y empresarios. El informe incluía información falsa sobre supuestos contactos de Garzón con el narcotráfico, así como su participación en orgías con prostitutas. En esos tiempos no se hablaba de posverdad, solamente de mentiras y falacias, que estaban muy bien pagadas.

Fue con José Luis Corcuera como ministro del Interior cuando Villarejo volvió al cuerpo. Ocurrió en 1993 y el policía consiguió que le autorizaran compaginar su trabajo como agente encubierto con lo que él llama sus empresas familiares. Eso dice al menos el comisario-empresario, que ha servido hasta a 11 ministros: José Luis Corcuera, Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho, Jorge Fernández y el actual, Juan Ignacio Zoido.

En los años siguientes fue forjando su imperio empresarial que, según la investigación realizada por EL PAÍS, ascendía a 12 sociedades con un patrimonio superior a los 16 millones de euros en 2015. Y eso solo contando las empresas en las que él figura como accionista o administrador en el registro oficial.

Villarejo ha sido durante 25 años un comisario sin comisaría, que controlaba un entramado de sociedades, dentro y fuera de España, que operan en muy distintas áreas económicas. Desde la consultoría, al marketing y publicidad, hospitales y clínicas sanitarias, exportaciones agrícolas y ganaderas, parques de recreo y hasta un despacho de abogados. Él está colegiado por Madrid y comparte despacho con su principal socio en la mayoría de sus negocios, Rafael Redondo.

Villarejo estuvo implicado en los últimos años en la llamada policía patriótica: un grupo de funcionarios que, bajo el mando del anterior ministro del Interior, Jorge Fernández, hicieron trabajos encubiertos para desprestigiar a sus enemigos políticos. Se le atribuyen entre otros dos informes falsos contra el anterior alcalde Barcelona, Xavier Trías, y contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Desde sus lujosas oficinas en un piso alto de la Torre Picasso, en Madrid, Villarejo ha hecho y deshecho a su antojo durante muchos años, vendiendo sus servicios de policía privado con placa y pistola. Aunque con el tiempo, el comisario se fue exponiendo más en su carrera alocada por conseguir un mayor patrimonio antes de la jubilación. Por eso se arriesgó más de la cuenta para salvar a un gran amigo, el empresario Adrián de la Joya (que cierra el triángulo de amistad con el editor de LA RAZÓN – y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals, gran protector de Villarejo) y decidió grabar ilegalmente una conversación entre policías y agentes del CNI que le ha llevado al banquillo de los acusados en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid.

También parece que se aplicó con más celo del permitido para solucionar un problema que tenía el empresario Javier López Madrid (yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir) con la doctora Elisa Pinto. La dermatóloga le acusa de apuñalarla. Ambos casos siguen abiertos.

Pero su principal problema hoy es cómo defenderse de las acusaciones de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. En la Fiscalía aseguran que hay pruebas contundentes de su actuación corrupta. Si no, no se hubieran atrevido a detener a un personaje que ha tenido en vilo a innumerables políticos y empresarios con la amenaza continua de sacar a pasear toda la información que ha acumulado en sus más de 40 años de ejercicio. Él habla de un terabite de datos. Son muchos datos.

El informe que ya ha llegado a poder de la juez que instruye el caso Nicolás y que debe ser entregado a las partes para que se pronuncien, según ha podido saber Público de fuentes judiciales, incluye también los pagos que algunos periodistas pudieron obtener de la red de Villarejo por informaciones sobre Guinea Ecuatorial, como por ejemplo, Alfonso Rojo de Periodista Digital, con quien el comisario ahora en prisión firmó un contrato de más de 3.000 euros al mes sólo por escribir a favor de los intereses de Teodoro Obiang (hijo).

También pagaba al exsubdirector de Interviú y exsocio del entramado empresarial del comisario, Daniel Montero. En el sumario consta Tándem un contrato de más de 2.200 euros al mes, sólo por el Proyecto King. Precisamente es en el digital del que eran socios Montero y la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, fue donde aparecieron las primeras referencias a esta grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos y también sobre la detención de Nicolás. Fue su redactor Carlos Mier quien hizo la supuesta llamada al teléfono del comisario Marcelino Martín Blas, asistente a la reunión, mediante la cual pudo hacerse la grabación.

Después, tras cortarla, Villarejo y su mujer se reúnen con Inda y Urreiztieta y preparan la reunión con el pequeño Nicolás, que se celebrará en el parque del Canal de Isabel II a mediados de noviembre de 2014. Precisamente, es este audio el que se ha encontrado en la investigación Tándem y el que tiene a los dos periodistas buscando abogado, como ha podido saber Público.